
Aunque el sistema de pensiones español destaca por su generosidad entre los países del entorno, las dudas sobre su sostenibilidad frente al envejecimeinto poblacional y la pérdida de poder adquisitivo por el encarecimiento del coste de vida despiertan preocupaciones entre aquellos que se encuentran cerca de la edad de retiro. A reveses políticos como la no convalidación este martes de la revalorización del 2,7% de las prestaciones para 2026 se suman desconfianzas en cuanto a la suficiencia de las cuantías. De hecho, una reciente encuesta de Unespa revelaba que solo un 13% de la población confía en que la pensión pública bastará para mantener su nivel de vida tras la jubilación. Sin embargo, la pensión pública media española supera en un 3% el gasto anual estimado para los mayores de 65 años, un dato que sitúa al país en una posición excepcional en el panorama europeo, donde solo otras tres naciones logran este equilibrio entre ingresos por pensión y coste de vida, según DataPulse Research.
De acuerdo con este análisis, la pensión media antes de impuestos en España alcanza los 19.844 euros anuales, mientras que el gasto medio de una persona jubilada se sitúa en 19.349 euros. Esta diferencia a favor del pensionista contrasta con la realidad de la mayor parte de Europa, donde la prestación estatal no cubre completamente los desembolsos necesarios para vivir tras el retiro. Solo Polonia (4%), República Checa (18%) y Rumanía (21%) comparten con España el estatus de “superavitarios”, en un contexto europeo donde el promedio de la pensión pública se reduce a 17.321 euros y buena parte de los países muestra un déficit significativo en la cobertura de gastos.
Este margen positivo adquiere relevancia en un continente donde el envejecimiento es una tendencia marcada: alrededor del 20% de la población europea supera los 65 años, de acuerdo con datos de Eurostat recogidos en el estudio de DataPulse Research. La cuestión de la suficiencia de la pensión cobra así importancia en el debate público, especialmente ante el aumento de la esperanza de vida y la presión sobre los sistemas de bienestar.
La vivienda, el gran condicionante
La distribución del presupuesto de los pensionistas españoles muestra que la mayor parte del gasto se concentra en vivienda, agua, electricidad y gas, que absorben el 38% del total anual. Los alimentos, segunda categoría con más peso, representan el 18%, el transporte el 8% y el ocio el 5%. El peso de la vivienda sobre el gasto de los mayores tiene un matiz particular en España, donde el 80% de los jubilados son propietarios, frente a solo un 20% que reside en alquiler. Esta elevada tasa de propiedad mitiga el impacto de posibles subidas en los precios de las rentas para gran parte del colectivo, pero de estos datos también se desprende que dos de cada diez jubilados están particularme expuestos al fuerte encarecimeinto del mercado del alquiler.
A pesar de la aparente suficiencia de la pensión pública, el riesgo de pobreza entre los mayores de 65 años supera ligeramente la media europea en España. El informe de DataPulse Research señala que la vulnerabilidad se concentra, sobre todo, en quienes no disponen de vivienda en propiedad, las mujeres jubiladas y los hogares con ingresos más bajos. La exposición al riesgo de pobreza revela que la cobertura de la pensión estatal, aunque suficiente en términos agregados, no garantiza la ausencia de dificultades económicas para todos los perfiles.
Croacia y Eslovenia registran déficits de hasta el 40%
La comparación europea muestra diferencias sustanciales entre países en cuanto a la relación entre pensión pública y coste de vida en la jubilación. En Alemania y Francia, la pensión pública media ronda los 19.000 euros anuales, pero el gasto medio de los mayores supera los 24.000 y 26.000 euros respectivamente.
El estudio de DataPulse Research identifica además un grupo intermedio, donde la pensión pública casi cubre el gasto, como ocurre en Bulgaria y Dinamarca, donde la diferencia negativa entre pensión y gasto es inferior al 10%. Sin embargo, en 24 de los 30 países europeos analizados, los ingresos por pensión pública no alcanzan para cubrir el coste medio de la jubilación. El déficit es especialmente acusado en países como Croacia, donde la pensión pública cubre solo el 60% del gasto estimado para un jubilado, o en Eslovenia y Hungría, donde el desfase ronda el 38-39%.
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